Balance de un año de crisis

Balance de un año de crisis

Ha transcurrido más de un año desde que la negativa de las autoridades monetarias norteamericanas a sostener al quebrado banco de inversión Lehman Brothers propició una retirada de fondos mundial tan rápida y masiva que colapsó el sistema financiero durante meses. Este fenómeno –una vulgar huida de las inversiones tras una exuberante etapa especulativa- no tiene nada de raro, pero ha permitido observar varios hechos interesantes y contrastar importantes lecciones sobre la naturaleza del sistema capitalista y del comportamiento de los “agentes sociales” y también el de sus representados (los trabajadores).
Lo primero que hay que decir es que esta no es una crisis financiera (una temporal escasez de dinero) y por eso las masivas inyecciones de liquidez de los gobiernos a los bancos no la han resuelto: se trata de la crisis de sobreproducción y del agotamiento de los recursos montados por el capitalismo desde los años 80 para sortearla, los planes neoliberales para la ampliación ilimitada del mercado, el recurso al crédito masivo público y privado y los instrumentos complejos de inversión financiera (derivados), todos ellos creados para aumentar artificialmente la demanda y los medios para colocar y revalorizar una enorme masa de capital cuya tasa de ganancia decaía sin remedio. Es una crisis estructural de la que el capitalismo no va a salir porque hace décadas que alcanzó sus límites. Puede salir de la crisis financiera e incluso dar la apariencia de nuevos períodos de crecimiento productivo, después de haber destruido masivamente una parte de los medios de producción y desvalorizado el resto de los activos, pero la siguiente burbuja estará cerca y, con su pinchazo, la próxima crisis. Y así hasta que el sistema de la explotación humana sea sustituido, que no corregido, ya que no va a caerse sólo como decían algunos ilusos hace un año. Las “correcciones” consistentes en reglas de control y discursos moralizantes de autocontención de los “excesos” han quedado en casi nada: no desaparecen los paraísos fiscales, ni los “bonus” astronómicos de los ejecutivos, ni los contratos blindados y las pensiones fabulosas de los directivos cuyo principal mérito es la especulación desmedida e irracional. Y ya están maquinando nuevos instrumentos financieros para seguir alimentado sus esquemas de rendimientos “milagrosos” (especular con la sanidad, “empaquetar” pólizas de seguros...).
El susto financiero ha pasado cuando el dinero retirado apresuradamente ha vuelto a los mercados, pero quedan los efectos de la crisis real: el incremento del paro hasta porcentajes inéditos, el goteo de quiebras empresariales, el déficit público rampante que suma la falta de recaudación fiscal, el desembolso asistencial creciente por el deterioro social y los fondos entregados para sostener entidades financieras y grandes empresas, el estancamiento de la actividad, la caída del consumo familiar y hasta de algunos precios. Las consecuencias sociales se van agravando, aunque apenas se hayan traducido en movilizaciones: la miseria, la pequeña delincuencia y el malestar social son cada día más evidentes.
La situación social está cambiando. Los discursos autocomplacientes del capital y la alegría de la bolsa en los últimos meses contrasta con la desesperación de los más afectados. Los colectivos sociales más precarios han empezado a responder configurando los contornos de un nuevo sindicalismo social, alejado de las prácticas burocráticas de las centrales sindicales “mayoritarias”. CC.OO. y UGT apoyan al gobierno y evitan que se unifiquen las luchas contra los Expedientes de Regulación de Empleo, presentan como éxitos la reducción parcial de las pretensiones patronales de despidos (como en OPEL de 1300 despidos a 900) y que no se cambie la legislación laboral abaratando más el despido.
Se comprende, pues, que los jóvenes que no encuentran su primer empleo, los inmigrantes más vulnerables, los afectados por deshaucios y otros colectivos de comarcas y sectores especialmente golpeados por la crisis no se sientan representados ni vean salida alguna: están saliendo movimientos incipientes que apuntan hacia un nuevo sindicalismo de la precariedad, esta vez sin la tutela de siglas, representantes políticos del sistema y ONG’s caritativas: los vendedores del “top-manta” se auto-organizan y enfrentan a las redadas policiales, los afectados por la crisis de la vivienda y la imposibilidad de pagar las hipotecas reocupan sus propias viviendas, sectores campesinos abocados al cierre se enfrentan a los intermediarios. La lucha de clases no tiene interrupción, a pesar del miedo generalizado que todavía atenaza a la mayoría de los asalariados. Nuevas formas de organización y de lucha surgirán en los próximos meses, incontenibles para los podridos mimbres integradores del sistema, pero para desarrollarse y articularse necesitarán apoyarse en la experiencia política de vieja generación de luchadores: elaborarla y prepararnos para ello es la responsabilidad de los que nos consideramos revolucionarios.

Punto de inflexión en la crisis del Estado de las Autonomías: Catalunya, Euskadi y la represión centralista.

El Tribunal Constitucional tiene en vilo la “constitucionalidad” del Estatut de Catalunya desde que lo denunciara el PP. El actual Estatut procede de lo que quedó del intento de renovación tras sucesivos recortes y un pacto de Zapatero con CiU. Esto es lo máximo que daba de sí la propuesta “quasi federal” del PSOE, después de “cepillados”, enmiendas y hasta un referendo que dividió al actual gobierno autonómico de Catalunya, el Estatut queda sin dar satisfacción a nadie y puede encaminarse hacia un conflicto institucional insoluble. Resulta que las “autonomías” son descentralizaciones otorgadas de ciertas competencias, entidades sometidas en definitiva al poder central y en última instancia, al albedrío del monarca. Para hacer cualquier cambio (y no digamos para un proceso de autodeterminación) no sólo se requiere autorización de la mayoría parlamentaria en las Cortes estatales, sino retocar la propia Constitución de 1978. Y la Constitución está blindada, “atada y bien atada” con la herencia del franquismo, sostenida sin discusión por la burguesía española, no sólo por ser el tapa-vergüenzas de su pasado apoyo a la dictadura: además de procurarles una patente “democrática” es un seguro reaccionario para el capital y su estado centralista.
La decisión final sobre lo que cabe en tal Constitución la tiene un organismo de elección política, repartido entre PP y PSOE. Un organismo así está permanentemente bloqueado y si algo es capaz de resolver sólo puede ser el oponerse a cualquier cambio, incluso formal o cosmético, que afecte a la “soberanía española” sin importar la voluntad mayoritaria de un territorio ni siquiera su expresión parlamentaria o en referéndum oficial. El Estatut de Catalunya no cambia nada fundamental, es más, se somete expresa y servilmente a la Constitución en numerosos artículos pero pretende definir Catalunya como nación y dar al catalán un carácter oficial –junto al castellano- en su territorio. Para la Constitución existe sólo una nación, la “nación española” y, por supuesto, la lengua española como oficial: todo lo demás son entidades de segundo orden, leguas y expresiones autonómicas variadas, que se “permiten” sometidas a una regla común (no se “exigen” ni se “deciden”. Sin duda la sentencia del TC estará a la altura de estos criterios tantas veces reiterados y dejará en evidencia a los partidos que generaron expectativas de reforma progresiva dentro del sistema.
En Euskadi, donde el movimiento de emancipación nacional es más activo que en Catalunya, la represión se ejerce de forma mucho más abierta y hasta “preventiva” contra la izquierda abertzale. No sólo hay una involución cultural y social recortando presupuestos asociativos o el uso y la enseñanza del euskera, además hay una abierta represión de símbolos (banderas, carteles y fotografías de presos políticos), se prohiben acto públicos en previsión de su contenido “favorable al terrorismo”. Se detiene en un local sindical legal a personas que se reúnen a favor de un proceso democrático para la paz y que, teóricamente, tienen derechos políticos individuales, por si actúan a indicación de la “banda criminal”, incluso antes de que emitan ninguna propuesta o declaración. La Ley de Partidos es en este sentido una nueva Inquisición y sirve para justificar cualquier atropello contra el nacionalismo vasco y contra cualquier movimiento político o social que se atreva a cuestionar el sistema. Es incompatible con la democracia, ni siquiera formal. Exigimos una vez más su derogación inmediata, la libertad de los presos políticos y la anulación de los procesos abiertos a partir de esta ley flagrantemente antidemocrática.

Frente a la represión y el deterioro social: organizarse y actuar localmente

La deriva reaccionaria no se queda sólo en el terreno de las cuestiones nacionales que el estado español mantiene irresueltas. En todos los órdenes la crisis económica y el miedo burgués a los cambios genera un proceso represivo y restrictivo de derechos y libertades, se trata de cambios graduales que acompañan la degradación social acelerada por los efectos de la crisis.
La inversión en policía y seguridad es de las pocas partidas que crecen, ahora mismo, tanto en los restrictivos Presupuestos del Estado para 2010, como en los de las empresas. Bloques de pisos terminados o a medio construir son vigilados para evitar que los deshauciados o los ahogados por las hipotecas ocupen las viviendas que no pueden pagar. Aquí también hace falta superar el miedo y hasta la vergüenza mal entendida –el capital y sus especuladores son los responsables de la miseria, no los que la sufren- para empezar a autoorganizarse para buscar unas respuestas que nadie, ni las administraciones ni los partidos y sindicatos que viven cómodamente del sistema, están dispuestos a aportar.
El endurecimiento de la Ley de Extranjería dificultará la obtención de permisos de trabajo y restringirá al máximo los requisitos del reagrupamiento familiar, además de facilitar los trámites de expulsión, incluso de los menores. Todo esto ha venido precedido y preparado por la proliferación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) donde se hacinan los trabajadores extranjeros detenidos a centenares en períodos de hasta tres meses a la espera de sus respetivas expulsiones.
Muy poca respuesta han suscitado hasta hoy todos estos ataques, cuando en el fondo buscan una nueva división de los trabajadores. Después de la doble escala salarial y de derechos que separa los asalariados fijos de los temporales y precarios, ahora aparecen nuevos procesos de división y de resquemores. Ha empezado en casi todos los sectores, por efecto de la crisis, la sustitución de los trabajadores extranjeros por autóctonos en paro de larga duración o jóvenes en busca de su primer empleo: tienen más preparación, suscitan más aceptación “comercial” y, lo más importante, entran a competir por salarios súper-bajos que en otra época no hubieran aceptado. Esto proyecta de nuevo la sombra del racismo y la demagogia, que mueve a la clase media empobrecida hacia la extrema derecha: es un fenómeno incipiente pero hay que atajarlo de inmediato con la movilización. La denuncia de los abusos y la acción decidida han de servir para soldar la unidad de los trabajadores para rechazar que les impongan los costes de la crisis.
Superar el miedo al despido o al paro y levantar los valores de clase como trabajadores es la base para evitar que el capital se cebe aún más en los salarios y las condiciones laborales y empezar a reconstruir la solidaridad entre todos.

3-11-09