Editorial 83 - Remodelación de gobierno, más ingobernabilidad

Venimos observando desde hace bastante tiempo como se procesa el fenómeno de la ingobernabilidad. Se trata de una suma de factores que vacían de contenido la democracia formal y reducen la acción del gobierno a una búsqueda de equilibrio incesante entre unos sectores y otros. La “acción parlamentaria” significa una mera pantomima y el descrédito de los partidos del sistema, con más choques de intereses particulares que diferencias programáticas, crece hasta el punto de que van a remolque de los acontecimientos, siendo superados por ellos. Los conflictos de fondo siguen siendo los mismos, pero las condiciones de crisis económica, paro masivo y afloramiento de redes corruptas, ha erosionado en el poco tiempo transcurrido, apenas un año desde las elecciones generales, el crédito político que pudieran tener desde el gobierno de Zapatero hasta la oficializada “oposición”.
Las pasadas elecciones de Euskadi y Galicia han dado como resultado un “cambio” en el color de sus respectivos gobiernos. Con motivos y circunstancias diferentes, se refleja en ambos resultados el hastío y la frustración hacia políticas que se prometieron “de cambio” y han sido más de lo mismo. El PP ha cantado victoria en Galicia al desalojar a Pérez Touriño, y se considera también decisivo en Euskadi para forzar la involución centralista desalojando al PNV. Sin embargo, los votos al PP apenas han crecido: sube en porcentaje por las pérdidas de los PSdG y BNG abandonados en Galicia por decenas de miles de votantes que esperaban “el cambio”, una transformación constatable que el gobierno saliente no ha podido –ni seguramente querido- hacer, aunque eso ya forma parte del balance de la credibilidad que merecen los programas políticos burgueses vestidos de socialdemócratas.
El resultado de Euskadi refleja otro aparente giro a la derecha, en una elección viciada desde el principio por la prohibición infundada de las candidaturas abertzales, basada en la arbitraria Ley de Partidos. El desgaste de Ibarretxe y de la coalición sustentada en el PNV ha hecho el resto. Sin concretar en nada el plan “soberanista”, sin plantar cara al gobierno central con el comprometido referéndum por la autodeterminación y apoyando a fondo al gobierno Zapatero en las Cortes de Madrid, Ibarretxe ha perdido los votos abertzales prestados en 2005 y ha tenido que ceder la presidencia al “socialista” Patxi López, cuya base acuerdo con el PP es la “razón de Estado”, a saber: la represión política del nacionalismo radical y la re-españolización de Euskadi empezando por las instituciones. La elección de la señora Quiroga –numeraria del Opus Dei, enemiga de los anticonceptivos, fóbica al euskera y seguidora predilecta de Aznar- para la presidencia del parlamento vasco es la primera muestra de la deriva reaccionaria del nuevo gobierno, que sólo puede desembocar en la polarización social y el conflicto. No podía ser de otra manera: la ilegalización de las candidaturas abertzales, lejos de “pasar página” sobre la fallida negociación de la paz, reabre las heridas distorsionando completamente el resultado, quitando legitimidad al resultado proclamado y condenado a la ingobernabilidad y a la impotencia respectiva de cada uno de los dos sectores que quedan presentes en el Parlamente Vasco (los españolistas y los “soberanistas”) para dar salida a una situación política cuyos ejes siguen siendo la reivindicación nacional y el -constitucionalmente negado- derecho a la autodeterminación.
Para completar el cuadro, queda otra coalición de gobierno autonómico montada alrededor de los “socialistas”: el tripartito de Catalunya que sigue el mismo camino del gobierno gallego. Se tambalea, semi-paralizado y dividido, incapaz de concretar la negociación del modelo financiero (único supuesto rédito del nuevo Estatut). Los embates de la crisis y los conflictos sociales lo están desgastando hasta extremos inauditos. Véase la tormenta política desencadenada por la actuación de Interior en el desalojo de un grupo de estudiantes anti-Bolonia que ocupaban el edificio histórico de la Universidad de Barcelona. La exhibición de incompetencia, división interna y brutalidad indiscriminada en la calle, ha dado madurez y revitalizado al movimiento estudiantil evidenciando la fragilidad e impotencia del tripartito mientras la oposición conservadora ya se ve como triunfadora moral.
El siguiente paso estaba cantado: la remodelación del gobierno para anotarse otro período de gracia ante las inminentes elecciones europeas y darse un respiro en el agobio de la crisis. El ministro Solbes deja paso en Economía a otra ministra de perfil bajo que no reste protagonismo a Zapatero, se facilita el aterrizaje suave de Chaves –eterno presidente andaluz, necesitado de rescate- y se libra de las pifias de Magdalena Alvarez, pero, en conjunto es una “solución” de crisis, débil e inestable, que no puede disimular la clamorosa falta de programa, más allá del intento de la propia supervivencia.
El gobierno de Zapatero sigue huyendo hacia adelante, dando palos de ciego y decretando planes anti-crisis que, a pesar de comprometer todo el margen de maniobra presupuestario y gastar hasta bastante más allá del déficit comprometido con la U.E., apenas logra hacer cosquillas a la desastrosa situación económica, cuyo rasgo principal es la destrucción acelerada de puestos de trabajo. Las cifras que adelanta el Banco de España contradicen una y otra vez las perspectivas interesadamente optimistas del gobierno Zapatero y le obligan a prever un escenario de quiebra que incluye la intervención estatal de entidades financiera, con el precedente de la descapitalizada Caja de Castilla-La Mancha. El supuestamente saneado sistema financiero español, que se pavoneaba de su fortaleza en otras accidentadas plazas financieras por no tener “activos tóxicos”, resulta que tiene un mal quizá peor. Se trata de una exposición crediticia desmesurada, incontrolada y concentrada en los “amiguetes” de los cargos de las respectivas entidades, muchos de ellos dedicados a la especulación inmobiliaria más irracional, lo que hace decir al gobernador del Banco de España que es probable que se vayan a intervenir e incluso reestructurar un conjunto de entidades bancarias a medio plazo...
El gobierno Zapatero, que en las pasadas elecciones planeaba alcanzar el pleno empleo, había empezado hace medio año por negar la crisis, siguió luego minimizándola hasta que su posición resultó públicamente desmentida y ahora se aferra al formalismo de que “defiende a los que más lo necesitan” y no va a admitir que la crisis se traduzca en una involución social. Cuenta con el apoyo –veremos por cuanto tiempo- de las burocracias sindicales de CC.OO. y U.G.T. que frenan sistemáticamente la lucha en las empresas afectadas y se prestan auto-recortes salariales, ceden a chantajes patronales o enmiendan los Expedientes de Regulación de Empleo para firmarlos a continuación en busca del “mal menor” en la cadena de despidos y cierres.
Los trabajadores de las empresas en crisis, desorganizados y desorientados, se ven incapaces de defender los puestos de trabajo. Los demás deberían solidarizarse contra el paro, pero están atemorizados por una situación cuyo alcance no llegan a comprender, presentada como una catástrofe natural, como si no tuviera causas tangibles y responsables concretos. Los diversos sectores de la patronal se resituan para exigir apoyos del gobierno, e incluso para organizar un nuevo pacto social de gran calado que cambie las reglas del juego, al estilo de lo Pactos de la Moncloa de 1978. Este consistiría en el recorte de derechos laborales y la homogeneización a la baja de las condiciones de empleo, en aras de la competitividad de las empresas con las de otros países, como si el “mercado laboral”, que ha visto la liquidación a bajo coste de 900.000 empleos en pocos meses, no fuera lo bastante “flexible”. La burguesía española está acostumbrada a competir sólo con salarios bajos y sobre-explotación: ya tiene plenamente integrados en eses esquema a jóvenes, mujeres con escasa formación, inmigrantes y demás trabajadores con contrato temporal o precario. Quiere ahora librarse de los colectivos organizados y cubiertos aún por la negociación colectiva y el resto de conquistas laborales anteriores, para tender a igualar a la baja los salarios y jornadas, con la esperanza de poder competir con el entorno europeo... que, a su vez, pretende seguir incrementando la productividad por el mismo procedimiento.
La cumbre del G-20, en este mismo sentido, ha insistido en poner las medidas para salir de la crisis bajo el control del F.M.I., es decir, como no podía ser de otra manera, la supuesta refundación del capitalismo no es más que la propia receta del mismo sistema capitalista que ha generado la crisis, con el capital aún más concentrado y un vago propósito de evitar los abusos más descollantes. El hecho de que hayan sido coyunturalmente apartados los “fundamentalistas” del mercado es irrelevante, porque los “20 grandes”se han puesto de acuerdo en... barrer cada uno su propio patio declarando, solemnemente, eso sí, que evitaran la tentación proteccionista. No hay salida concertada de la crisis, ni nuevas reglas más allá de cubrir el expediente y “ganar tiempo” una vez más, con la esperanza de que la situación se resuelva por sí sola: la resolución del evento propone una simple creación de dinero (y ya van muchas) tirando del déficit público, es decir hipotecando el futuro para tratar de evitar el hundimiento del sector privado, tanto financiero como industrial y comercial. Y este se encuentra en situación crítica -o directamente colapsado como el sector del automóvil norteamericano-. Harán falta algo más que unas declaraciones de buenas intenciones y de mejores prácticas en la regulación del sistema capitalista para llegar a otro período de “saludable crecimiento”: lo que está planteado en realidad es una destrucción masiva de fuerzas productivas (incluyendo los puestos de trabajo) y una desvalorización drástica y realista del capital contabilizado y de las divisas. Si ni siquiera se ponen de acuerdo en una medida concreta para la erradicación de los paraísos fiscales, ¿cómo van a ponerse de acuerdo en el reparto de los costes de la crisis entre los distintos países y sectores? Porque de eso se trata, ni más ni menos, cuando ya han recurrido a toda clase de estímulos y trucos para generar “confianza” sin lograrlo porque lo que está planteado más que una quiebra económica es el agotamiento clamoroso del sistema capitalista.
Debe ser sustituido por otro que anteponga el interés general de la sociedad y permita abordar una radical e inaplazable transformación política, social y ecológica, la que hoy imposibilita el imperio de la propiedad privada de los medios de producción y su resultante, el capital concentrado y depredador. El derribo de ese sistema y la instauración del socialismo es la condición necesaria para buscar la solución real a los problemas planteados.

15-04-09