El “ajuste fiscal”, la reformas laborales y otros ataques sociales (editorial edm nº 85)

Finalmente, tras dos años de cuentos y de paños calientes, el gobierno ha decidido las víctimas de los recortes para reducir el déficit público. Y no son otros que los pensionistas, funcionarios, trabajadores de empresas públicas. A la hora de cortar por lo sano se sacrifica a los más humildes, a los que no tienen escapatoria y poca capacidad de oponerse.
Ante esto surgen preguntas como: ¿se ha cambiado la política del gobierno PSOE? ¿cuál es, en realidad? ¿ha concluido el “diálogo social”? ¿qué papel les queda a los “agentes sociales”? ¿servirá este fuerte recorte para aliviar la crisis y generar empleo, o más bien lo contrario?
La gran caída de las bolsas del 6 y 7 de mayo dio dimensión mundial a la crisis fiscal de Grecia y suministró la cobertura perfecta a los gobiernos de la UE para lanzar los recortes sociales generalizados, al dictado del FMI, las instituciones imperialistas y hasta del propio presidente Obama que llamó para asegurarse la participación de Zapatero en la movida.
Lo ataques especulativos en los mercados no son algo nuevo, son recurrentes, inherentes al propio funcionamiento del capitalismo. Pero esta vez han tenido una presa tan grande como vulnerable: el euro y la política de la monetaria europea. Sin respaldo político común y sólo sustentada en las reglas del acuerdo de Maastricht en cuanto a límites de déficit público del 3% del PIB, que casi todos los gobiernos de la UE se han ido saltando a la torera –empezando por los de Francia y Alemania- era una golosa pieza a cobrar por los cazadores de beneficio fácil y rápido. Bastaba con atacar los eslabones más débiles, las deudas públicas de Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia,… para hacer subir continua y significativamente el “riesgo-país” y elevar los tipos de la deuda hasta niveles impagables proyectando la perspectiva de hubieran de ser excluidos de la moneda común o incluso de la liquidación misma de esta, de imprevisibles consecuencias, pero en todo caso una catástrofe para las burguesías europeas.
El déficit de Grecia que se sitúa en el 13% del PIB movió, tras meses de vacilaciones y buenas palabras, un plan de apoyo financiero conjunto y condicionado a un ataque social sin precedentes, que algunos observadores juzgan inaplicable en el tiempo que se le ha dado y que el pueblo griego no va a aceptar resignadamente. Pues bien, el déficit español es de un volumen varias veces mayor y alcanza porcentualmente al 11,2 lastrando pesadamente cualquier hipotética recuperación porque se han acabado los recursos para invertir “maquillando” las cifras de la crisis, como era la política del gobierno de los dos años anteriores.

Competitividad y presupuestos sociales

Lo más llamativo de las recetas que barajan de modo recurrente el Banco Central Europeo, el Consejo de la UE y el propio FMI a la hora de negociar el rescate financiero de los países vulnerables al ataque de los mercados y, en definitiva, al salvamento de la moneda única, es que se atribuye la crisis a un gasto público demasiado elevado. Se le hace responsable del aumento de los déficit del Estado y de las dificultades de refinanciación de la deuda pública, e incluso de comprometer la recuperación económica, cuando ninguno de los aspectos de ese gasto público, especialmente los epígrafes sociales, son comparables a los de Francia y Alemania (ni en porcentaje del PIB, ni en la cantidad de empleados públicos, ni en cantidad y calidad de servicios asumidos por las administraciones públicas. El llamado, por decir un lugar común, “estado del bienestar” de los países del sur de Europa es más bien raquítico: ni los niveles salariales de los empleados públicos, ni las infraestructuras, ni la sanidad, ni la educación públicos resisten la menor comparación.
Entonces ¿dónde está el “quid” de la cuestión? No se trata tanto del volumen de gasto social, que debería ser asumible e incluso mejorable en la presente situación, sino de la estructura económica de esos países entro los que se incluye el estado español, con una política fiscal extremadamente vulnerable a la crisis, por sostenerse sobre impuestos indirectos, tolerar un exorbitante fraude fiscal. Además operaron diversas circunstancias ligadas al funcionamiento del euro, como el alto endeudamiento privado, los bajos tipos de interés, la deficiente financiación municipal y autonómica que llevó a propiciar la especulación inmobiliaria, etc. Con el aumento del paro y reducción del crédito cayó bruscamente la capacidad de consumo de las masas, encogiendo la demanda y con ella la capacidad recaudatoria del Estado, sin que los esfuerzos por recaudar más o gastar menos a costa de los trabajadores y sus derechos puedan hacer otra cosa que agravar y prolongar la etapa de la recesión económica. Esto se puede decir tanto de Grecia como de los demás países cuyas deudas soberanas se tambalean bajo los ataques especulativos de los mercados financieros.
La crisis de sobreproducción es inherente al sistema capitalista, a su propia naturaleza depredadora. Pero en el contexto de la Unión Europea, sin una política fiscal y presupuestaria común, pero con un Banco Central Europeo que en realidad es el instrumento de la banca privada, resulta explosiva porque primero encubrió la burbuja financiera basada en el crédito y después fijó como prioridad suministrar ingentes fondos públicos a los bancos a bajo interés para re-equilibrar sus balances. Buena parte de esos fondos se están utilizando por parte de esas entidades en hacer negocios especulativos con la deuda pública e incluso contra la cotización del euro, sin que haya ningún cambio significativo sobre la regulación financiera prometida tras la caída de la banca de inversión. Como entonces, la situación del sistema financiero bordea el colapso, pero ahora no hay fondos que movilizar para seguir tapando agujeros: los mensajes del FMI y demás instituciones del sistema son tajantes: alguien ha de empezar a pagar los platos rotos de inmediato.

El ajuste del gobierno Zapatero

Los 15.000 millones de euros de recorte en el gasto social que el gobierno español ha conseguido aprobar por un solo voto en una agónica sesión parlamentaria representan un giro en el discurso oficial pero no tanto en la política real, que iba encaminada en esa dirección y no ha podido sostener por más tiempo el cuento de que no se iban a ver afectados los derechos de los trabajadores.
Pero, para un recorte del déficit no era imprescindible recortar el salario de los empleados públicos –que ya habían sufrido un largo período de congelación salarial- saltándose además los acuerdos colectivos recientes, tampoco era imprescindible retirar la revalorización de las pensiones ni realizar recortes de la inversión en infraestructura, ni agravar la deficitaria financiación local … Había y hay otras alternativas para incrementar los ingresos que no han querido siquiera tomar en cuenta, aparte de la burla que consiste en anunciar un impuesto a los más ricos sin decir de qué se trata, a quienes afectará ni en qué plazo se establecerá, máxime cuando ni siquiera hay objetivos de reducción de la bolsa de fraude fiscal cuyo monto se calcula en seis veces más que el ahorro que se pretende imponer. Porque esa es la cuestión: el incremento de los ingresos y no tanto el recorte de un gasto social que nunca ha sido lo suficientemente grande como para cubrir las necesidades básicas de una población pauperizada por la crisis. Y desde luego, se trata de una opción política recortar de ahí en vez de obligar a que el rescate de bancos y cajas (provistos 30.000 millones) se hiciera con los fondos privados del propio sector, que la Iglesia Católica mantenga subvenciones y privilegios (1.000 millones), que se gasten 1250 millones en “asesores y consejeros” políticos, otros tantos en la Casa Real y aún más en sufragar los gastos militares en armamento y sostener misiones imperialistas (Afganistán, Líbano…). La política del gobierno PSOE no ha cambiado, sólo que una fase de compresión ha puesto en evidencia cuáles son sus prioridades. Por eso no hay más impuestos a los beneficios del capital sino nuevos sacrificios para los trabajadores.
Y estos no han hecho más que empezar: el recorte salarial de empleados públicos se extiende a empresas privadas con participación pública (transporte ferroviario, televisión, etc.) y además resulta un modelo a aplicar por la patronal de las empresas privadas que ya ha paralizado algunos convenios colectivos a la espera de extender congelaciones y rebajas en sus respectivos sectores, sin olvidar los beneficios que esperan obtener con la nueva reforma laboral a costa de recortar los derechos obreros.

Reforma Laboral y agentes sociales

Si el compromiso del gobierno era respetar los gastos sociales y con las anteriores medidas económicas, han anuncian un “plan B” para recortar 15000 millones de euros del gasto público y hasta 50.000 millones en tres años, también lo era que la negociación y el consenso social presidiría la búsqueda de reformas en el mercado laboral. A eso se aferraban las burocracias sindicales de CC.OO. y UGT para justificar el apoyo sin fisuras al gobierno y el mantenimiento consciente del nivel más bajo posible de organización y movilización mientras cerraban cientos de empresas y más de un millón de trabajadores sufrían despidos o finalizaban sus contratos temporales sin poder renovarlos. Pero el margen se agota también para éstos. Para los empresarios españoles, la “paz social” no es suficiente: quieren rebajar significativamente los costes de producción para recuperar una competitividad que no son capaces de conseguir de otro modo dada la debilidad de la formación orgánica de capital respecto a los países más desarrollados de la zona euro.
Los objetivos del capital son los de siempre, pero ahora acuciados por la situación aspiran a imponer una derrota decisiva a los trabajadores, no sólo coyuntural sino una nueva base, aún más desreglada si cabe, para las relaciones sociales futuras. La rebaja de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social que pretenden requiere una postergación de la edad de jubilación, que no es motivada por la demografía ni por las cuentas actuales de la SS y además contradice la voluntad de facilitar el acceso de los jóvenes al empleo. La rebaja generalizada de la indemnización por despido, el incremento de las causas objetivas de rescisión de contrato (para ahorrarse la indemnización), la desregulación de la negociación colectiva centralizada (privilegiando la “negociación” individual o por empresa y la vinculación de las retribuciones a los resultados declarados por la empresa) y en definitiva, la simplificación de la tramitación administrativa y judicial tanto para la incorporación como para la salida del mercado laboral (es decir remover lo que todavía puede servir de referente o de garantía para anclar los intereses colectivos de los trabajadores).
Evidentemente, este ataque es de demasiado calado para las tragaderas de las direcciones sindicales. Ante las medidas de ajuste, las direcciones de CC.OO y UGT han intentado mirar para otro lado sin lanzar más que una huelga de empleados públicos –cuyo objetivo no era echar atrás el ajuste sino “protestar” y abrir una válvula de escape para aliviar la presión creciente en sus bases-. Evitan darle proyección y extensión, hablan de una posible Huelga General pero suspiran por evitar la confrontación y seguir conciliando a pesar de los ataques que ya han soportado los trabajadores y los que están en preparación. Los burócratas se han quedado descolocados ante la evidencia de que el gobierno PSOE está comprometido con el capital a lanzar la reforma anti-obrera al coste que sea y de inmediato en lo que parece una carrera contra el tiempo que le pueda quedar a causa de la crisis política que lo ha dejado totalmente desacreditado. Expresando esta idea, Durán Lleida dijo en sede parlamentaria, atribuyéndose la representación de toda la burguesía: “el gobierno Zapatero está muerto, pero no ha acabado, aún debe donar los órganos…”
Pero más allá de los deseos de las direcciones sindicales por seguir en una mediación imposible está la imparable dinámica de la lucha de clases, aunque no la quieran ver.
Esta vez lo que está en juego es mucho más. Las condiciones de vida y trabajo de obreros y jubilados están en entredicho. Es evidente que la ola de ataques no se puede para más que con la movilización y la organización de los explotados por abajo. Es además una oportunidad y un reto para el sindicalismo de clase, alternativo y combativo: hay que recuperar los métodos asamblearios, los comités de lucha, las redes de apoyo en los barrios,… abordando entre todos la defensa de las reivindicaciones sociales y laborales, el empleo, el acceso a la vivienda, la sanidad y la educación. Parar la ola de despidos, conseguir el pase de los contratos temporales a fijos tras un período de prueba, la nacionalización de bancos y grandes empresas en crisis, la moratoria de desahucios por impago de hipotecas, el establecimiento de un parque público de viviendas en alquiler a precio social, etc. son algunas de esas medidas necesarias y urgentes para hacer frente a la crisis y reorganizar a la clase trabajadora en su defensa, traduciendo la desconfianza generalizada hacia la política y los políticos del sistema en exigencia de una alternativa de clase, un Gobierno de los Trabajadores apoyado en la movilización, en la democracia directa y los organismos de base.
En ese camino de recomposición del movimiento obrero y popular hay multitud de hitos y reivindicaciones, empezando por parar los ataques del capital y su gobierno. Para eso habrá que preparar las condiciones de la Huelga General, y no sólo realizarla, sino darle continuidad en un movimiento ascendente en toda Europa, como hacen los compañeros de Grecia, cuyo ejemplo merece todo el apoyo y solidaridad.

26-5-10