El giro electoral en Catalunya y la ofensiva contra las conquistas sociales

Las elecciones autonómicas del 28 de Noviembre han dejado un panorama político notablemente transformado, yendo mucho más allá de lo previsto en todas las tendencias anunciadas.
Los resultados son la expresión de varias fuerzas concurrentes: el desgaste y el descrédito de los partidos componentes del gobierno tripartito por su incapacidad para enfrentarse con autoridad y coherencia a la crisis, y por la polarización nacional que se ha ido gestando ante la frustración por el fiasco del Estatut y la irritación ante la represiva y clarificadora sentencia del Tribunal Constitucional, para la que el gobierno de la Generalitat no tuvo más respuesta que la sorpresa y el acatamiento institucional.
La votación del 28 de Noviembre ha dado además una foto muy cercana de la virtual desaparición del eje izquierdas-derechas en un contexto de desaparición de las referencias de clase y de preocupación por la hondura e intensidad de la caída en la actividad económica: se ha borrado el “cinturón rojo” de la conurbación barcelonesa a favor del color de CiU. El PSC sólo tenía de rojo el color del logo y las mayorías han cambiado de signo en las zonas trabajadoras.
Con una campaña sin contenidos concretos (aunque esto es habitual), pero con tintes populistas y hasta xenófobos, los partidos del sistema han hecho bandera de la “lucha” contra la crisis, pero evitando ningún compromiso exigible. El propio desgaste de los partidos tradicionales de la izquierda tras su paso por el gobierno ha neutralizado cualquier posible atractivo de sus listas como oponentes al capital. El desapego de los trabajadores a sus candidatos tradicionales ha sido y es mayor que hace cuatro años de manera que casi ha desaparecido el comportamiento electoral “de izquierda” y el voto se ha expresado de modo más transversal que nunca. Una buena parte sigue en la abstención aunque esta vez no haya crecido, sino lo contrario, debido a la polarización en el eje nacional cuyos representantes principales son fuerzas burguesas: el catalanismo demagógico de CiU (el eje de su “soberanismo” es el concierto económico y el primer anuncio de Mas tras la victoria electoral ha sido diluirlo) y el españolismo neofranquista-imperialista del PP. Los resultados muestran un giro a la derecha en la situación, en la búsqueda ilusa y pequeño burguesa del “partido fuerte” que proporcione confianza, crédito y empleo para salir del pozo de la crisis. Hay que destacar además la consolidación de sectores lerrouxistas (Ciutadans) y xenófobos (Plataforma per Cataluña) que, junto con la división del espacio político independentista en tres bloques, de la que sólo saca réditos la nueva SI de J.Laporta.
El estrepitoso fracaso del PSC y de ERC a la hora de retener sus respectivos electorados ha cambiado sustancialmente el horizonte político en Catalunya: municipio tras municipio y en la gran mayoría de distritos urbanos que votaban históricamente a estas fuerzas –y en menor medida a ICV que también cede terreno- cientos de miles de votos obreros y populares han sido depositados a favor de los candidatos de la “oposición” burguesa, precisamente de los que más han presionado a favor de profundizar la Reforma Laboral y los recortes sociales. Aunque no se puede extrapolar el resultado del 28 de noviembre a las elecciones municipales o generales, es más que evidente la quiebra de los socios de Zapatero y la falta de identificación social con su política antiobrera y de sumisión al capital financiero, hasta el punto que muchos trabajadores no sólo no han apreciado ninguna ventaja en apoyar al PSC-PSOE sino que han preferido depositar cierta confianza en Mas (ya que al menos formalmente se enfrentó a la sentencia que lamina el Estatut).
Lo que se ha producido no es sólo un cambio de gobierno, sino crisis abierta en los partidos del tripartito: se desatan tendencias centrífugas en el PSC al desaparecer la cohesión de los cargos y sueldos oficiales, además, cunde el temor a una estrepitosa caída en las próximas elecciones municipales. Algunos como el dirigente Castells han hablado del “riesgo de que se convierta en un partido marginal” y reclaman que el PSC actúe con independencia respecto al PSOE.
Pero la crisis y el desgaste del PSOE no son la única causa del trasvase de votos: el vacío ideológico de la “izquierda” y la confusión del gobierno tripartito traducida en impotencia a la hora de gobernar, tienen mucho que ver.
En ERC, que ya se había dividido hace dos años, se pide la cabeza de los dirigentes después de perder 200.000 votos (la mitad de su electorado anterior) y más de la mitad de los escaños. La marginación de Carod Rovira y las rupturas de 2008 han pesado tanto como el desgaste de estar en el gobierno, lastrado encima por la crisis galopante. Y esto después de un año de campaña de referéndums populares y de haber vivido el pasado 10 de Julio la mayor manifestación independentista de la historia de Catalunya, cuya capitalización ha sido para CiU y –en alguna medida- para SI.
En estas condiciones, el nuevo gobierno de CiU busca acomodo con el gobierno de Madrid en lugar de intentar responder a los ataques centralistas y ni siquiera tiene fechas para plantearse llevar a la práctica su propuesta estrella de “concierto económico”. De momento, austeridad y apoyo a los recortes sociales son lasa prioridades en las que coincide la burguesía española con la catalana incluida.

La reforma laboral, la huelga del 29-S y los ataques que siguen

Estamos en plena ofensiva del Gobierno y del capital financiero, que se arropa abiertamente con los representantes de las grandes empresas para comprometerse solemnemente a llevar hasta el fin el plan de desmontaje de las conquistas sociales en aras de satisfacer las exigencias del Capital.
Siguen preparando mayores recortes y ataques a pesar de que los 15.000 millones de Euros recortados a los haberes de funcionarios y pensionistas ya han sido entregados a los especuladores de la deuda pública que siguen haciendo negocio de la debilidad y la miseria, generando un argumento más para profundizar en la misma política de sacrificar a la mayoría de la sociedad al dios Mercado.
Se trata de un capítulo más del inhumano plan para rescatar al capitalismo caduco de su senilidad. Empezó deslocalizando plantas de producción y destruyendo empleo, continuó recortando las obligaciones fiscales de las operaciones financieras y las rentas altas, siguió favoreciendo el endeudamiento insensato e irracional –sobre todo con la vivienda- hasta producir una gigantesca burbuja especulativa, después en nombre de evitar el colapso del sistema aumentó el endeudamiento público para “rescatar” bancos, cajas y aseguradoras. Preparado el escenario, los gobiernos burgueses de todo signo hacen pagar la crisis a la población recortando salarios, pensiones, prestaciones sociales y derechos laborales. En toda Europa ocurre así y los trabajadores responden con movilizaciones que los dirigentes sindicales mantienen desunidas, descoordinadas, quedándose en la frustración y la impotencia pese a la amplitud de la participación.
La huelga general del pasado 29 de Setiembre fue un esfuerzo importante para detener la deriva antiobrera del gobierno Zapatero, pero aislado y tardío –convocada a tres meses del decreto-. Acostumbrados a limar asperezas en la negociación y la colaboración permanentes, los dirigentes de CC.OO. y U.G.T. confiaban en retrasar y suavizar los aspectos más lesivos de la Reforma laboral pero se encontraron con un ejecutivo sin margen de maniobra, sumiso absolutamente al capital y que ya se había conjurado para cambiar el tercio y ningunearles. Y así sigue con el recorte de las pensiones y el proyecto de desarticular la negociación colectiva.
En estas condiciones, la huelga del 29-S fue importante pero desigual, mostró la resistencia obrera en las zonas de concentración industrial que quedan, el enfado de las bases sindicales y la exasperación de una parte de la población en la fuerza y radicalidad recobrada por las marchas y manifestaciones callejeras. Surgieron comités de base de carácter unitario y asambleario en algunas empresas y barrios. Participó el tejido asociativo en apoyo a los deshinchados sindicatos y han aparecido indicios de organización estudiantil, juvenil y vecinal complementaria pero independiente de los trabajadores sindicalizados cuyo ámbito no sale de las empresas medianas y grandes.
A pesar de ese refuerzo, la huelga general acusó la precariedad laboral, la extensión masiva del empleo temporal entre los jóvenes y los nuevos contratados y el miedo a la represalia patronal de modo que en los sectores más diseminados como el comercio la incidencia del paro fue entre minoritaria y simbólica. También incidió en ese resultado desigual la estructura económica española con profusión de autónomos y microempresas familiares (más del 94% de las empresas en activo no llegan a diez empleados), especialmente golpeadas por la crisis y hacia los que no se dirigió ningún trabajo sindical, en cuyos trabajadores domina la resignación y la desconfianza hacia todo y todos.
Lo positivo, se movilizaron millones de trabajadores, demostrando que no dan la batalla por perdida y que pueden plantar cara a los nuevos ataques. Después del 29-S las burocracias sindicales han vuelto a la desmovilización, a dejar pasar tiempo, lamer sus heridas, autojustificarse y compadecerse. Ante una agresión de calado como el retraso de la edad de jubilación a 67 años y el recorte generalizado del cálculo de las pensiones, sólo se han convocado tímidas manifestaciones en las que a lo sumo se baraja la hipótesis de convocar otra huelga general y lo único concreto es la recogida de firmas a largo plazo para una Iniciativa Legislativa Popular –que estará perdida de antemano dada la composición de las Cortes-. El recorte llega incluso a la supresión del subsidio especial de 426 € a los parados de larga duración a partir del 15 de febrero, justo cuando hay cientos de miles de desempleados que han agotado la prestación y que hasta conviven con todos sus familiares en igual situación.
Entre tanto, otro hecho fundamental ha venido a clarificar la posición de unos y otros actores en el drama de la liquidación de las conquistas sociales: el gobierno decidió de la noche a la mañana imponer por decreto el horario a los controladores aéreos, paralelamente a la privatización de AENA -que augura un futuro de reducción de servicio y hasta cierre para varios aeropuertos del estado-. La respuesta inmediata y masiva de los controladores colapsó el transporte aéreo y el gobierno impuso la militarización y el estado de alarma. Una maniobra cuyos precedentes están en la legislación y las relaciones laborales del fascismo: romper una huelga con la intervención de tropas, el código de justicia militar y la amenaza de condenas a años de cárcel por sedición. Una gigantesca campaña mediática se lanzó para hacer un linchamiento moral de los trabajadores de las torres de control, tomados como chivo expiatorio y cortina de humo para desviar la atención ante los ataques al servicio. ¡Vergüenza para los sindicatos y los grupos políticos que llamándose de izquierda han escurrido el bulto ante la opinión pública dejando pasar sin ninguna respuesta este atentado a las libertades democráticas! ¡Retirada inmediata del estado de alarma!
El gobierno PSOE ha ido más lejos que ningún otro gobierno europeo para demostrar el compromiso con las instituciones imperialistas y con el capital doméstico, ratificando solemnemente los plazos y la determinación de imponerlos a toda costa, ante la reunión de los principales banqueros y empresarios del país, celebrada a finales de noviembre.
Ante esto sólo cabe insistir en la necesidad de organizarnos y coordinarnos desde la base, rehacer el tejido sindical, vecinal y estudiantil para afrontar conjuntamente los ataques. Parte de ese esfuerzo debe ser la preparación de una nueva cultura de clase para la resistencia, para contestar a la ofensiva mediática del capital que miente sistemáticamente, desacredita y hasta criminaliza a los que plantan cara o simplemente pretenden ejercer sus derechos. Necesitamos sobre todo levantar una nueva vanguardia de clase que sea capaz de actuar como referente político del movimiento que viene, el que habrá de dar un paso cualitativo de las luchas parciales y aisladas actuales a una nueva ofensiva para echar abajo la reforma laboral, el pensionazo, las subidas de tarifas, las amenazas sobre el modelo de negociación colectiva… e imponer las reivindicaciones para revertir las consecuencias de la crisis a los detentadores del sistema que la produce.
Y hay que empezar dando la batalla en el propio movimiento obrero: la ILP que preparan CC.OO. y UGT para pedir que las Cortes rectifiquen con otra ley los recortes de la reforma laboral es insuficiente e impotente. La continuidad del esfuerzo del 29-S requiere exigir la convocatoria inmediata de la Huelga General y establecer mecanismos para organizarla decidir su ratificación desde las bases y los organismos unitarios. ¡Que no nos tomen el pelo los burócratas cuando posan de radicales! Tomemos ejemplo de la lucha de los trabajadores franceses para levantar un movimiento contundente, incluso a pesar de la colaboración de las direcciones sindicales con el capital. Es la única salida que queda.

18-12-10 (editorial de EDM nº 86)