Euskadi De la prohibición de Sortu a la autorización revocable a Bildu

En la elecciones europeas de 2009 se produjo un episodio chocante: Iniciativa Internacionalista – la Solidaridad entre los Pueblos fue una candidatura denunciada por la fiscalía y prohibida por el Tribunal Supremo que recurrió al Tribunal Constitucional para ser finalmente autorizada a presentarse. El argumento de la fiscalía respondía a la posición del gobierno PSOE en aplicación de los Pactos antiterroristas celebrados con el PP y de su principal instrumento, la Ley de Partidos corregida, aumentada y endurecida para actuar incluso preventivamente contra partidos, listas, coaliciones o cargos electos que fueran acusados de colaboración o contaminación por el “complejo ETA-Batasuna”. El Tribunal Supremo, guardián reaccionario de la esencia del nacionalismo español, falló entonces contra II-SP como ahora contra Portu y Bildu y como antes lo había hecho contra ANV y otras candidaturas abertzales, con la anulación fulminante.
Pero en un estado que se pretende democrático y es miembro de la Unión Europea todavía se guardan algunas apariencias –cada vez menos ciertamente-, para salvarlas el Tribunal Constitucional dictaminó que no había base para prohibir una coalición de dos partidos castellanos legales (ni siquiera vascos) sosteniendo el principio básico de la presunción de inocencia. II-SP no obtuvo representación y tampoco tuvo continuidad ulterior como aglutinante de la izquierda abertzale y enlace con otras formaciones de izquierda nacionalista y radical del resto del Estado. Se frustraron las posibilidades de materializar ese puente de solidaridad mutua entre explotados y pueblos oprimidos, con lo que tampoco hubo ocasión para que se montaran nuevos ataques españolistas contra ella.
Loa grupos solidarios y la izquierda revolucionaria del resto del estado eran un último recurso para los abertzales, preferían entonces y practican ahora acuerdos “transversales” dentro del nacionalismo vasco y navarro diluyendo la identidad de izquierda y olvidando el clasismo. A esto responden los proyectos de Sortu y Bildu, nacidos después del último alto el fuego de ETA, de una oleada represiva sistemática contra el movimiento independentista vasco y de un debate social amplísimo que presiona a la burguesía nacionalista y al PSE. La resistencia a los recortes sociales y reformas laborales han tenido una participación mayor en el pueblo vasco. El sindicalismo con ELA, LAB (última organización legal de la izquierda abertzale), ESK, ELB, STEE, HIRU, EHNE… ha tomado la iniciativa en las últimas huelgas generales. Con los dirigentes en prisión, con organizaciones prohibidas, con el gobierno vasco en manos de la coalición españolista y en la tesitura de reorganizarse para responder a ataques políticos y sociales, el espacio político nacionalista radical vasco se ve recorrido por un debate de alternativas y formas de lucha que supera los marcos partidarios, ya previamente fraccionados (con rupturas en Batasuna, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida). La marginalidad de ETA y la elección de la lucha exclusivamente política no es un truco para legalizarse e integrarse en el sistema sino el resultado de reflexiones y experiencias seguidas con continuidad durante cincuenta años. Es el único caso en el Estado español de un movimiento de masas que no acepta el marco constitucional estatal y que mantiene una posición política sistemática en medio de las mayores presiones y dificultades. Llega a la conclusión de que la actividad de ETA no favorece los objetivos políticos sino más bien lo contrario al facilitar la focalización del debate sobre la violencia y las cuestiones morales y dar cobertura a la represión indiscriminada y “preventiva” en vez de profundizar las contradicciones sobre el hecho principal: la cuestión nacional vasca y las aspiraciones no resueltas por la vía democrática, el derecho a la autodeterminación y a la unificación política de los territorios euskaldunes.
No hay negociación política y todo el arco parlamentario español se empeña en comportarse como si el Acuerdo de Gernika no existiera y las declaraciones de ETA tampoco, pero la situación política está cambiando en el País Vasco y el propio PNV (que actúa de muleta para el desgastado gobierno de Zapatero) se hace eco de las continuas manifestaciones populares. Urkullu reclama la legalización de Sortu y luego rompe la colaboración con el PSOE al apoyar éste la ilegalización de Bildu. Los propios partidos federados de la socialdemocracia catalana y vasca (PSE y PSC) se desmarcan de la posición oficial.
La cuestión nacional sigue siendo el hecho central de la crisis política del Estado autonómico que no permite su resolución. La división del Supremo y del Constitucional va más allá del tema de la instrumentalización de la política antiterrorista por las cúpulas de PSOE y PP en la disputa por el poder: se trata de la participación política del independentismo vasco como antes fue la reforma del Estatut de Catalunya, cuestiones de principio que no caben en el paradigma reaccionario del Estado centralista.
Si el formalismo democrático estorba a los propósitos de los herederos institucionales del franquismo, se lo saltan, violan la separación de poderes, pasan de la obligación de neutralidad de la justicia y emiten sentencias “preventivas” basadas en prejuicios, suposiciones o juicios de intenciones e informes policiales torticeros. Sortu cumple todos los requisitos, hasta rechazar la violencia y expresamente a ETA, la ilegalización de Bildu ni siquiera cabe en la Ley de Partidos que no prevé ilegalizar coaliciones de partidos legales. La han impuesto de modo abusivo para responder al propósito con el que la crearon: aislar y excluir de la participación política al independentismo radical. Y en ausencia de atentados, la siguen utilizando para los mismos fines represivos hacia los que no acepten al Estado español y la Constitución monárquica.
La presión para echar atrás la ilegalización de Bildu ha logrado una victoria parcial y la Ley de Partidos está virtualmente acabada, pero hay aprovechar el impulso para enterrarla definitivamente. Con un canal para expresarse y un ascenso democrático en el País Vasco y con la solidaridad de los trabajadores, los jóvenes y las nacionalidades oprimidas contra el enemigo común, la burguesía centralista-imperial española que manipula y divide a los pueblos del estado para garantizar el atraso político de las capas populares y la continuidad de sus privilegios.
Hay que seguir con las declaraciones y actos en solidaridad con la izquierda independentista vasca y por la legalización de Portu.

Toni
6-5-11