La ofensiva antiobrera del socialismo español

El gobierno de Rodríguez Zapatero contra los trabajadores
Por una huelga general con manifestaciones de masas

El presidente español José Luis Rodríguez Zapatero anunció el miércoles 12 de mayo en el congreso un plan de recorte del gasto del estado consistente en una reducción del salario de los empleados públicos (2,6 millones de trabajadores) del 5%, a partir de junio y el congelamiento salarial del sector en ese nuevo nivel en 2011. Un ataque a los trabajadores que no tiene precedentes en el país. Ahora estudian como trasladar la reducción a los salarios de los trabajadores de las empresas del estado con convenio privado, como los ferroviarios y de otras empresas de servicios propiedad del estado.
Las medidas complementarias de la rebaja salarial incluyen la congelación de las pensiones y jubilaciones durante 2011, dejando sin efecto los mecanismos de incrementos. Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial. Eliminar la prestación por nacimiento a partir de enero de 2011. Suprimir la retroactividad para los nuevos solicitantes de las prestaciones por dependencia si el trámite excede de los seis meses. Reducir la inversión pública en 2010 y 2011 en 6.045 millones de euros. Reducir la ayuda oficial al desarrollo en 600 millones de euros. El objetivo declarado es reducir el déficit de las cuentas públicas del 11% del producto interior bruto al 3% antes de 2013 en línea con los compromisos que el gobierno de España mantiene con la Unión Europea.
El anuncio fue una verdadera pirueta en el aire de Zapatero, quien hacía menos de una semana aseguraba que el país saldría de la recesión sin necesidad de reducir inversión pública o hacer recortes drásticos en el déficit. En su cabeza y en las de su equipo económico se había urdido la curiosa fantasía de que España no es Grecia y que los mercados no atacarían a la deuda soberana del reino. Craso error. No solo se atacó a la deuda soberana del reino, sino al euro y el sistema financiero estuvo por disolverse una vez más con una nueva caída sin precedentes de las bolsas como anuncio previo.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, decidió intervenir llamando por teléfono el martes 11 a Zapatero para ratificar que la necesidad de que España actúe sobre su déficit no era una opción libre y voluntaria sino una obligación.
Esta obligación fue aceptada por España el fin de semana del 8 y 9 de mayo cuando se pactó el plan de intervención en los mercados por importe de 750.000 millones de euros con participación en un tercio del FMI para rescatar a los mercados financieros europeos y con ello al euro.
La llamada de Obama dejó al desnudo el pánico de los principales dirigentes políticos del mundo a la posibilidad de que la crisis de la deuda europea desestabilice los mercados financieros internacionales. La realidad es que las caídas de las bolsas actuaron como alarma de una potencial retirada masiva de los depósitos de los bancos europeos, cuyas entrañas están atestadas de deuda pública y deuda privada de dudoso cobro, no solo de Grecia, sino además de España, Portugal, Italia y otros países de solvencia decreciente.
Un proceso de esa naturaleza habría llevado a las entidades de crédito a la quiebra sin tiempo para una intervención coordinada, una de cuyas salidas habría sido una nacionalización improvisada de la banca en el viejo continente. Como era de esperar la incertidumbre se trasladó de inmediato a los mercados financieros estadounidenses.
En cualquier caso los anuncios del partido en el gobierno no lograron calmar los ánimos financieros y el viernes 14 de mayo la bolsa de Madrid caía con estrépito otra vez.
La reacción de las centrales sindicales mayoritarias, Unión General de Trabajadores (UGT) vinculada al Partido Socialista y Comisiones Obreras (CCOO) vinculada a los restos del Partido Comunista de España y a Izquierda Unida, ha consistido en convocar a actos de repudio al plan del gobierno el 20 de mayo y a una huelga de empleados públicos el 6 de junio. Los dirigentes de las centrales, Cándido Méndez de UGT e Ignacio Fernández Toxo de CCOO, hicieron frondosas declaraciones en contra de los anuncios pero argumentaron el ejercicio de la responsabilidad y la negativa a hacer el juego a los que quieren la caída del gobierno como motivos esenciales para no convocar a una huelga general contra los planes del gobierno.
Entretanto han afirmado que las medidas del gobierno vienen a “entorpecer el diálogo social”, que es el proceso de negociación de los sindicatos con la patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). En este diálogo el esfuerzo principal de los empresarios es lograr una reducción de los costes del despido, una reducción de los aportes sociales de las patronales y el “descuelgue” de los convenios colectivos de los pactos dentro de las empresas. Esto es lo que “negocian” los sindicatos. El Gobierno ya había hecho su “aporte” a este debate.
Sus propuestas consisten en la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años (ahora es a los 65) un incremento de los años que forman la base de cómputo de las jubilaciones (ahora son 15) para lograr un efecto de reducción de las pensiones, y la universalización del denominado Contrato para el fomento de la contratación indefinida cuya “virtud” es reducir los días de indemnización por despido a 33 por año de los 45 días por año establecidos en el estatuto de los trabajadores para la contratación indefinida.
Los dirigentes sindicales de UGT y CCOO están empeñados en mediar entre lo malo propuesto por el gobierno y lo peor ofrecido por la patronal. La CEOE y el gobierno presionan a los sindicatos para que el pacto esté firmado a final de este mes.
Entretanto, la desocupación en el país ha llegado al 20% según las estadísticas oficiales, con un tramo significativo de desempleados de largo plazo sobre el total de desocupados que a diciembre de 2009 era de 4,3 millones de trabajadores con un incremento de 1,2 millones en un año. Los trabajadores que carecen de prestaciones sociales se estima ya en un millón, al que se sumarán otros 1,7 millones en el transcurso de 2010. El número de hogares en los que ninguno de los miembros activos tiene trabajo alcanza a 1.220.000. Mientras, el anuncio del gobierno pone de relieve que no existe la más mínima perspectiva de que la situación económica del país mejore, sino más bien todo lo contrario. La retirada de la inversión pública y la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores anuncia la próxima llegada de la deflación, más desocupación e incremento de la deuda pública por más recortes de presupuesto que se hagan porque el encarecimiento de la financiación del estado de un lado y la caída de la recaudación fiscal del otro insumirán más recursos que los que se recorten.
En este cuadro la negativa de los grandes sindicatos a convocar de inmediato una huelga general en contra del plan del gobierno, es una verdadera entrega de los intereses de los trabajadores. Una entrega no sólo a los capitalistas españoles. Es una entrega de los intereses de los trabajadores españoles a los capitales más concentrados de Europa. El programa elemental de lucha en las actuales circunstancias no es sólo en contra del plan de “consolidación fiscal” del gobierno, debe incorporar la batalla contra la desocupación, por el pleno empleo mediante el reparto de las horas de trabajo, por la expropiación de las empresas que cierren, por la moratoria unilateral de la deuda interna y externa, la salida inmediata de la unión monetaria europea y la ruptura con la Unión Europea del capital y el expolio.
España, como el resto de la llamada “periferia” de la Unión Europea, ha quedado sujeta a los objetivos de los capitales más concentrados de la región, en particular de Alemania por la estructura del euro. Con la determinación de una paridad fija que tomó como referencia al marco alemán (un marco un euro) la estructura del SME garantizó a Alemania la exportación dentro de la región de sus excedentes de balanza de pagos. La “locomotora” germana inyectó dinero en las economías “periféricas” a cambio de deuda pública y bonos hipotecarios, con los que se alimentaron las burbujas inmobiliarias por ejemplo en España e Irlanda, mientras la industria alemana colocaba electrodomésticos, automóviles y bienes de capital a sus “clientes”.
Financiación a plazos con seguro de cambio gracias al euro... No en vano España tiene una colosal deuda externa de 1.724.489 millones de euros. Una buena parte de la deuda privada externa – la friolera de 780.000 millones de euros- tiene como prestataria a las entidades financieras españolas, y buena parte de ese dinero es el que alimentó el auge inmobiliario. La pertenencia al euro facilitó los bajos tipos de interés. El dinero barato y fácil espoleó los precios de los activos de forma artificial.
Y a los postres del festín ocurre que lo principales financiadores del proceso fueron los bancos de Alemania y Francia.
Ahora que las burbujas han explotado los prestamistas del sistema se muestran reticentes a ayudar a sus “clientes” en dificultades y quieren que los deudores corten el gasto y le devuelvan el dinero. Claro que, en medio de la colosal crisis capitalista, los recortes de la inversión pública que han sostenido al paciente en coma harán que el paciente empeore. España pasará de la recesión a la depresión. Y quienes crean que esto va exclusivamente de gasto público, se equivocan. El problema español es más la deuda privada, la externa y la interna, que la pública. Y ya en la superficie, y no oculto en el fondo, lo que está cuestionado es el sistema monetario europeo denominado por el euro.
Esta unión monetaria es un sistema de paridades fijas entre si al tipo de cambio histórico de cada una de las monedas que lo componen con el marco alemán. Las fluctuaciones del euro ante el resto de las monedas como el dólar y el yen son de hecho las fluctuaciones del marco ante esas monedas. Lo cual hace que las economías de cada uno de los países que componen la unión monetaria se deban comportar como si fuesen Alemania sin serlo.
De allí que, como España, Grecia, Portugal, y tantos otros, no son capaces de movilizar los capitales necesarios para elevar la composición orgánica del capital de cada economía hasta alcanzar el nivel de productividad de Alemania, no les queda otra que bajar los salarios para poder competir. No los de los trabajadores públicos solo. Los salarios de todos los trabajadores. Es la falta de soberanía económica, la imposibilidad de devaluar o tolerar inflación, o siquiera manejar las magnitudes monetarias lo que determina sus políticas.
Como un objetivo de este calibre no se consigue sin la derrota de los trabajadores de cada uno de estos países, se puede afirmar sin ninguna duda que la única posibilidad de que el sistema monetario europeo, el euro, sobreviva es sobre la base de una derrota a fondo de los trabajadores europeos.
Esto es lo que da una trascendencia de primer orden a la lucha de los trabajadores griegos. A su huelga general materializada en contra de la voluntad de las direcciones sindicales de Grecia.
Las corrientes del movimiento obrero y partidos que se reclaman de la clase obrera firmaron un comunicado conjunto convocando a una manifestación el domingo 16 de mayo. El comunicado que llama a la derrota del plan de ajuste del gobierno y pide la convocatoria de una huelga general. El comunicado afirma entre otras cosas que: “Como señalábamos, la actual situación de emergencia exige de todos/as un esfuerzo por agrupar fuerzas, obliga a defender con empeño y generosidad iniciativas que hagan posible ir uniendo esas fuerzas, para que los trabajadores tengan un referente, aunque sea modesto, pero un referente de clase, combativo y alternativo al sindicalismo del sistema. Un agrupamiento de esta naturaleza será a la vez un elemento muy importante de presión a la hoy descolocada burocracia sindical, que la obligue , como está sucediendo en Grecia, a llegar mucho más allá de sus pretensiones porque por esa vía facilitaremos la entrada en acción de millones de trabajadores”. A la manifestación concurrió además el sindicato Confederación General del Trabajo (anarquista) que movilizó militantes a nivel nacional para concentrarse en Madrid.
Como era de esperar la manifestación fue silenciada por la prensa. El bloqueo mediático a las iniciativas clasistas es casi absoluto. En todo caso las organizaciones firmantes de la declaración “vienen trabajando por hacer posible con la máxima celeridad una Conferencia estatal de las organizaciones del sindicalismo de clase y combativo, que plante cara a este infame plan de ajuste, levante un plan de medidas obreras de urgencia contra la crisis y prepare las condiciones para una huelga general. Los actuales acontecimientos ponen en primer plano la urgencia de trabajar por ese encuentro.”
Desde luego toda coordinación entre las fuerzas clasistas es un progreso, y una conferencia estatal sería un avance importante en la lucha por organizar una huelga general. Debería quedar muy claro en el programa de lucha del clasismo español que para que el reagrupamiento de fuerzas desemboque en una huelga general, con lo que no se puede contar es precisamente con las burocracias de las grandes organizaciones sindicales, sino con sus bases. En todo caso, en lugar de pretender presionar a esas burocracias, habría que exigirles un frente único contra los planes del gobierno. Deberían comenzar por acudir a la Conferencia estatal para fijar posición sobre la huelga general.