Plan Bolonia. Gobiernos y empresas en una operación encubierta de ajuste salarial europeo.

El año 2008 se ha cerrado con la perspectiva de renovadas movilizaciones contra el denominado Plan Bolonia (tal como se conoce al proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior -EEES- ) en las universidades españolas. La ola de ocupaciones de facultades, manifestaciones y movilizaciones diversas ha sido especialmente intensa en las universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelona, Sevilla, Complutense y Valencia. Aunque también se ha sentido en varios otros puntos del estado como Salamanca o Zaragoza. El 13 de noviembre, día de convocatoria de una movilización nacional las manifestaciones de Madrid reunieron a 20.000 jóvenes y la de Barcelona a 30.000, mientras que en Salamanca salieron a la calle 5.000, en Valencia 2.000 y en Zaragoza 1.000. En la sede histórica de la Universitat de Barcelona un grupo de estudiantes de diversos centros de estudios universitarios pasaron Nochebuena encerrados, y según la Coordinadora de Asambleas de Estudiantes (Europa Press 27/12) éstas han decidido no poner fin a las ocupaciones de facultades al término del semestre con la expectativa de tomar nuevas medidas de lucha al comienzo del próximo año. Lejos de desmovilizarse las Coordinadoras de Asambleas de estudiantes planifican sus nuevas acciones.

Contenido y Métodos de lucha

El contenido general de esta lucha estudiantil se centra en la derogación de la Ley Orgánica de Universidades -LOU- (aprobada en 2001 impulsada por el Partido Popular entonces en el Gobierno) y modificada en 2007 por el Gobierno del PSOE. Las modificaciones han maquillado levemente a la LOU, dejando en pie su característica central, servir de puente para el proceso de adaptación de la universidad pública en España al EEES.
La profunda movilización de los universitarios tiene además por objetivo la derogación de las leyes y decretos posteriores a la LOU como los que establecen el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones o el 1393/2007 que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (la introducción del concepto de grado en lugar de licenciaturas y las maestrías y doctorados complementarios).
Las asambleas universitarias tienen además clara conciencia del objetivo gubernamental de adecuación de las universidades a las necesidades de la empresa privada y rechazan la naturaleza de los Consejos Sociales introducidos por la LOU con una minoría de miembros de la comunidad universitaria y compuestos por representantes de los gobiernos regionales y de empresas relevantes de las autonomías correspondientes, que tienen por misión -entre otras cosas- aprobar el presupuesto anual de las universidades.
Se puede decir entonces que el contenido general de la lucha estudiantil es en favor de la enseñanza pública, en defensa de un acceso democrático a la educación superior, opuesto a los planes de adecuación de la enseñanza a las necesidades capitalistas, y en contra del alza de las tasas, en contra de la injerencia de la empresa privada en los planes de estudios, en favor de un incremento del presupuesto estatal para la enseñanza y la investigación y opuestos a la contribución condicionada de las empresas a los presupuestos universitarios y en contra de la degradación de la enseñanza pública.
Tanto la LOU como el EEES de la Unión Europea, tienden hacia una formación de menor duración en los denominados grados, con el objetivo de homogeneizar a escala continental una formación universitaria elemental. El fin último de ese proceso es contar con un ejército de mano de obra calificada homologada a escala continental de tal forma que la libre circulación de los trabajadores por el espacio económico común surta el efecto de una igualación salarial hacia abajo, es decir un ajuste de los ingresos de los trabajadores determinado por los perceptores de los salarios más bajos.
Un objetivo que el capitalismo español por ejemplo ha logrado en sectores del movimiento obrero sobre la base de la explotación salarial de los trabajadores inmigrantes y la posterior generalización de esos niveles salariales. Un proceso que ha afectado en particular a la juventud mientras las grandes organizaciones sindicales miran hacia otro lado.
Esto hace que la lucha estudiantil universitaria, así como la movilización de secundaria en este mismo sentido, sea profundamente democrática y radical. Es decir, una lucha que tiene por fuerza que extenderse al conjunto de la sociedad y que está en el interés de los trabajadores en general y de los trabajadores de la educación en particular.
Por ello, en su desarrollo objetivo, la movilización de los estudiantes debería confluir con una movilización en el mismo sentido de los propios trabajadores, en tanto que ambos tienen un interés común en la lucha contra la creciente precariedad laboral, por la defensa del salario y de las condiciones de trabajo. Si esto no ocurre así será en definitiva por la ausencia de una dirección independiente de la burocracia sindical dentro del movimiento obrero.
Estos contenidos, este programa de la lucha universitaria, han cristalizado sobre la base de medidas de combate aprobadas en asambleas por facultad, que a su turno han confluido en coordinadoras de asambleas. El acierto de esta forma de organización ha sido la eliminación de los obstáculos burocráticos que podían representar las asociaciones de estudiantes poco dispuestas a la lucha así como la facilitación de la incorporación masiva de estudiantes al debate facultad por facultad.
Ha sido esta característica lo que ha permitido dar una creciente profundidad a la lucha.
Y es que sólo sobre esta base del debate continuado y de la profundidad del movimiento se podrá mantener en el tiempo el método de la movilización, la ocupación y la huelga. Por ello es una tarea muy importante la creación a nivel nacional de una federación de Coordinadoras de Asambleas Universitarias rompiendo el localismo de los centros universitarios y dándole a la acción un marco nacional.

Las grandes mentiras

Mientras las sucesivas reuniones dedicadas al EEES desde la de Bolonia en 1999 han acentuado la necesidad de incrementar la inversión en la educación universitaria hasta el 2% del Producto Interior Bruto (PIB), la realidad española es que la inversión está en el 1,03% del PIB y de este total las universidades públicas presenciales representan un 0,9% (según la OCDE) o un 0,86% según la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). La CRUE especifica que de los 8.443 millones de euros de ingresos de las universidades un 17,4% es de origen privado, en concepto de tasas, precios públicos y otros ingresos (y de este total 860 millones son derechos de matrícula). De lo cual surge que de este 0,86% del PIB un 0,14% es de aportación privada.
La diferencia entre el 0,86% y el 1,03% es decir el 0,17% se corresponde con las universidades privadas.
Pero, según los datos de la OCDE, en 1995 el estado en España destinaba a la educación universitaria un 0,8% del PIB y ahora el 0,9% lo que supondría en más de una década un aumento de solo un 0,1%. Si la información se ajusta por los datos de la CRUE, el aporte del estado sería igual porcentualmente que en 1995. Mientras tanto respecto del conjunto de la educación pública los aportes del estado como porcentaje del PIB han caído del 4,61% en 1997 al 4,30% en el 2006.
El modelo de financiación al que apuestan los sucesivos gobiernos en España pretende que la inversión privada suba al 1,2% del PIB para alcanzar la tasa del 2% del PIB recomendada por la UE. En este modelo es inevitable el incremento de las tasas.
Mientras la perspectiva es el incremento de las tasas, y una inversión empresarial vinculada al ajuste de los planes de estudios a las necesidades de las empresas, los sistemas de evaluación tienden a medir “el tiempo que un estudiante tarda en lograr los objetivos propuestos”. Lo que prima es el concepto de estudiante a “tiempo completo” lo que excluye al estudiante que trabaja para sufragar sus estudios y tiende a separar a los estudiantes en presenciales y no presenciales (universidades a distancia), con nuevos elementos de limitación en el desarrollo de la formación universitaria vinculados a la riqueza personal de los alumnos.
Esto se acopla con la creciente sustitución de las ayudas y becas por los “préstamos-beca” que suponen un endeudamiento de las familias de los estudiantes y de los propios estudiantes, y por las “becas de trabajo” para doctorandos que de hecho son trabajo mal remunerado que atenta contra la contratación de Personal de Administración y Servicios (PAS) y presiona sobre sus sueldos.
Entre tanto se hacen afirmaciones como que “...el objetivo del Gobierno (para lo que se creó el nuevo ministerio de Ciencia e Innovación al que pertenecen las universidades) (es el) de fomentar la investigación y la transferencia de sus resultados a las empresas con el fin último de cambiar el modelo económico de España del ladrillo y el turismo por la inversión en investigación” (El País, 26/12/2008).
Efectivamente, el Gobierno entre sus diversos argumentos en favor del modelo del EEES, resalta el impulso a la investigación, desarrollo e innovación que estarían vinculadas a la puesta en funcionamiento de esta contrarreforma universitaria, y a su consiguiente transferencia de la investigación a las empresas.
Va de suyo que dicha transferencia estaría soportada por la financiación previa desde la empresa privada hacia la estructura universitaria y su proceso de investigación. Es decir que el proceso de investigación en el seno de la universidad, cofinanciado por el Estado y la empresa privada, permitiría cambiar el modelo de la estructura económica de España.
De donde se deduce que si España vive de los ingresos por turismo y se enriquece por medio de la especulación inmobiliaria, es porque oportunamente no se ha hecho inversión en investigación, desarrollo e innovación.
Esta es una mentira sin atenuantes.
La inversión antes señalada en todo caso puede servir al objetivo de mantener la competitividad internacional de la producción industrial. Pero para eso hace falta disponer de la base industrial. Esta última no depende de la investigación, depende en todo caso de la movilización de inmensos capitales industriales de los que nuestro país carece. Y este es un fenómeno vinculado al proceso de desarrollo histórico del capitalismo en España y no a los caprichos de la política universitaria.
Basta como ejemplo la industria del automóvil en la que nuestro país fue socio menor del imperialismo italiano y yanqui en el pasado, para acabar vendiendo las dos industrias supervivientes, SEAT y Pegaso, a Volkswagen y Fiat a precio de saldo y con inmensas ayudas.
Ni la burguesía española ni el estado capitalista español fueron capaces de desarrollar una industria independiente del automóvil. Ahora España es víctima de la deslocalización de las industrias del automóvil establecidas en el país. No es muy distinta la situación en la industria farmacéutica española, cuyos exponentes más exitosos viven de los fármacos genéricos, o de las biotecnológicas -sector del que proviene precisamente la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia- que si languidecen no es por falta de investigación e innovación, sino por la asfixia de capitales.
En línea con esta realidad que se tergiversa, lo que estas mentiras pretenden encubrir es que en lo esencial el proyecto del EEES es una vasta operación de ajuste laboral a escala continental.

Los trabajadores y el espacio económico europeo

En los últimos 10 años la juventud europea se ha movilizado de forma creciente y ha emprendido la búsqueda de empleo fuera de las fronteras nacionales. A este proceso han contribuido no poco las becas de estudio Erasmus que permiten la formación parcial en terceros países. Entretanto en Europa existen marcados desniveles salariales. Los jóvenes han tardado bien poco en detectar estos escalones. También existen tasas de paro desiguales y diferen cias en las oportunidades de empleo.
Estas diferencias, y una creciente migración por el espacio económico europeo de jóvenes trabajadores calificados, tampoco han pasado desapercibidas para las autoridades nacionales y las comunitarias quienes las han fomentado.
Las idea central detrás de estos movimientos desde el punto de vista de los gobiernos y de la Comisión Europea es que las corrientes migratorias internas regulen e igualen los sueldos de los trabajadores calificados. Como es lógico, en un mercado donde hay tasas de ocupación dispares a nivel nacional habrá siempre una tendencia dominante al exceso de oferta. La clave para que esta presión surta efecto a la baja sobre la masa salarial es que haya formación homologable.
De allí que una de las claves del EEES sea el “sistema de transferencia de créditos” o ECTS por sus siglas en inglés. Una suerte de “manual” para interpretar la carrera de los postulantes, un expediente académico que acompaña al trabajador durante su vida laboral y que puede ser leído (es decir interpretado de forma homologada) por cualquier empleador del espacio económico europeo.
Existe un objetivo central detrás de esta reforma educativa pan-europea: una igualación hacia abajo de los sueldos de los trabajadores calificados basada en la libre circulación de personas en el espacio común europeo sobre la base de la homologación de las titulaciones universitarias.
De allí la tendencia a una formación básica por carreras en no más de cuatro años, con la obtención de un grado y no de una licenciatura, y la necesidad de la maestría y el doctorado. Esta formación básica implica un abaratamiento de costes para el estado, al mismo tiempo que ajusta la formación a las necesidades del capitalismo actual.
Por ejemplo, el proyecto de un Grado de Derecho, que no permita el ejercicio de la profesión. Para su ejercicio sería necesaria la maestría. Y esta sería selectiva y no genérica. Es decir implicaría, incluso para el mero ejercicio de la profesión, una especialidad.
Vista de conjunto esta reforma habla además a las claras de la creciente extinción del ejercicio individual de la profesión liberal, desde la medicina, pasando por la arquitectura y la ingeniería hasta la abogacía. Se trata de la creciente conversión en trabajadores asalariados de los profesionales liberales, ya que de forma cada vez más acelerada estas profesiones han sido sustituidas por grandes empresas; grandes despachos de abogados, grandes empresas de ingeniería, grandes empresas de construcción e infraestructuras, grandes clínicas privadas que tienden a sustituir a la sanidad pública.
Sin embargo, los intentos de instauración del EEES han tropezado con la tendencia al derrumbe del capitalismo que desde 2007 y a lo largo de 2008 se ha manifestado de forma sistemática llegando al extremo de una amenaza de disolución del sistema financiero. Esta tendencia al derrumbe de momento nos deja como secuela una desocupación creciente, una quiebra de las economías estatales con un endeudamiento público sin precedentes y una recesión que se precipita a la depresión.
Es decir, que todo el marco social capitalista ha sido puesto en cuestión por su tendencia al derrumbe. En estas circunstancias, cuando la tasa de paro en España puede escalar hasta el 20% a lo largo de 2009, la lucha contra el Plan Bolonia es una lucha contra la precariedad laboral y contra la ofensiva capitalista.
Las consignas lógicas de un movimiento de estas características no sólo deberían ir en contra de la Ley Orgánica de Universidades y del Espacio Europeo de Educación Superior y a favor de una universidad pública laica y gratuita. Deberían además exigir un impuesto a las grandes empresas para financiar la educación pública y un sistema de becas para todo el que las necesite, así como la defensa del empleo y del salario tanto de los estudiantes que trabajan, como de los trabajadores en general.

2.1.09
Carlos S.