Provocación del gobierno socialista contra los trabajadores

El gobierno socialdemócrata español decidió conmemorar los 32 años de la constitución monárquica del país aprobando el viernes 3 de diciembre por real decreto, que suscribió el rey Juan Carlos primero desde Argentina, el estado de alerta para las torres de control y centros de control de navegación aérea de toda España. La adopción de esta medida extrema que ha dejado bajo jurisdicción militar a los controladores es el resultado de una provocación que ha motivado una sublevación de los trabajadores de control aéreo de España, cuando el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado el viernes 3 una modificación de sus condiciones de trabajo estableciendo las horas máximas anuales de trabajo que suprimía la posibilidad de cobrar las horas de baja médica y permisos, incluidos los sindicales, y obligar a la recuperación de esas horas mediante trabajo.
El consejo de ministros de ese día también aprobó la eliminación del subsidio de 420 euros para los desempleados de larga duración, la privatización parcial de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA, empresa gestora de aeropuertos y control aéreo), y los aeropuertos de Barcelona y Madrid y fijo el 28 de enero como fecha límite para la reforma de las pensiones. Y para cerrar el círculo el senado aprobaba en comisión ayudas a las empresas concesionarias de autopistas por 80 millones de euros para 2011. Todo un fasto constitucional...
Esta es la culminación de una larga ofensiva del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero contra el movimiento obrero en general y contra las condiciones de trabajo del colectivo de trabajadores del control aéreo. A lo largo del año se les redujo el sueldo en un 40%, ya se les había incrementado las horas de trabajo obligatorias anuales y se les ha dado largas con la negociación de un convenio laboral. A finales de noviembre la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) anunció que los trabajadores de Galicia estaban por completar las horas máximas de trabajo para todo el año. Ante la posibilidad de que comenzara un conflicto en toda España el gobierno montó cuidadosamente una provocación.
El gobierno de Rodríguez Zapatero tiene una larga experiencia en convertir los problemas sindicales y políticos del país en asuntos de orden público, tarea en la que le asiste el ministro del interior y cerebro de esas operaciones de provocación, Alfredo Pérez Rubalcaba. El decreto de cambio en las condiciones de trabajo para los controladores fue aprobado el día que se iniciaba el “puente” más largo del año. Todos los que pueden suelen tomarse libres los días que comprenden a las festividades del 6 y 8 de diciembre, con lo cual el fin de semana que acaba de hecho el jueves 9 de diciembre abarrotó los aeropuertos el viernes 4.
El gobierno apostó a que su decisión provocara un estallido entre los controladores para proceder de inmediato a su represión, algo que no parece haber entrado en los cálculos del sindicato, aunque este afirma que en todo momento llamó a la serenidad a sus afiliados pero que no logró controlar la situación.
El gobierno llegó a poner bajo custodia de la Guardia Civil a las reuniones de dirigentes sindicales y asambleas de trabajadores y en algunos casos forzó a trabajar a controladores a punta de pistola. Entretanto, y como corresponde a la prensa burguesa, los medios de comunicación se hicieron eco de las afirmaciones del gobierno según las cuales los trabajadores tenían “secuestrados a los pasajeros en los aeropuertos” y hacían un verdadero chantaje a la sociedad. La campaña logró volcar a la opinión pública en contra de los trabajadores, política a la que contribuyeron dirigentes sindicales como el de CCOO Ignacio Fernández Toxo que acusó a los trabajadores de no haber solicitado autorización para su huelga lanzando un movimiento salvaje. Se le olvidó condenar al gobierno y a su política de represión contra los trabajadores.
El hecho que la operación se haya montado hasta su último detalle con antelación queda puesto de relieve por la decisión de Rodríguez Zapatero de ausentarse de la Cumbre Iberoamericana 2010 realizada en la ciudad argentina de Mar del Plata que coincidía con la operación planificada. Utilizar las fechas de vísperas del puente de la “constitución” era decisivo para manipular a la opinión pública y orientarla en contra de los trabajadores. A su manera la socialdemocracia española ha votado sus créditos de guerra para el “Káiser” Juan Carlos I y sus amigos empresarios...
Una semana antes de la reunión de consejo de ministros que aprobó el decreto contra los controladores, el sábado 27 de noviembre, Rodríguez Zapatero recibió en el palacio de gobierno a una representación de 37 grandes empresarios españoles que le pidieron mano dura. No cabe la menor duda de que en la reunión se habló de la privatización de los aeropuertos, sobre todo teniendo en cuenta que las empresas de infraestructuras españolas están necesitadas de negocio. Y que el obstáculo de los controladores habrá saltado a la palestra como barrera a la privatización. Los empresarios ya se habían reunido con el rey antes de acudir a la Moncloa.
A pesar de esta ofensiva, el gobierno no ha logrado derrotar a los controladores. El estado de alerta no se puede mantener indefinidamente y en cuanto este se levante el conflicto se reanimará. El viernes 17 de diciembre el sindicato de controladores USCA en un comunicado de tono excesivamente conciliador anunciaba que las negociaciones del convenio se retomarían en la semana del 20 de diciembre. Lo que está claro es que el gobierno lejos de encontrar una solución al conflicto tras el estado de alerta puede volver a encontrarse con un conflicto que no excluye la huelga como arma de lucha. A menos que USCA acepte y el gremio apruebe una aniquilación generalizada de conquistas salariales y de condiciones de trabajo. De momento no parece que ese vaya a ser el desenlace.
Son varias las conclusiones que se pueden sacar de esta experiencia. La primera es que si el gobierno logra aislar los conflictos intentará derrotar uno a uno los sectores que presenten resistencia. El rechazo de las burocracias sindicales a organizar y extender las luchas de los trabajadores, y su pasividad ante la ofensiva del gobierno ponen de relieve que “la burocracia sindical es un agente del capital en esta crisis –con independencia de las importantísimas diferencias que pueda haber entre sus fracciones, porque esas diferencias no tienen que ver con un plan de lucha sistemático con la perspectiva de la huelga general”. La explosión de los controladores pone de relieve la tendencia a la intervención de los trabajadores en defensa de sus condiciones de trabajo y su salario fuera de la influencia del control de las burocracias. Es por esto que es necesario alimentar y ayudar al proceso de debate en cada lugar de trabajo con la perspectiva de la huelga general en defensa del empleo, de las condiciones de trabajo y el salario. El gobierno ha mostrado con toda crudeza su voluntad de avanzar contra los trabajadores y regimentarlos con la represión. Ya lo ha hecho recientemente, y si no ha militarizado a los trabajadores del Metro de Madrid tras su huelga salvaje este año ha sido por no hacerle el favor al gobierno de la comunidad de Madrid en manos del Partido Popular. Pero, la Comunidad de Madrid ha aprovechado la coyuntura al sentirse reforzada por las decisiones del gobierno y ha denunciado post facto a los dirigentes de la “huelga salvaje” del Metro despidiendo al menos a dos de ellos apoyada en el decretazo del gobierno que ha sentado el precedente. La tendencia a la represión es permanente, y aparece cada vez que un conflicto sindical pone en riesgo al gobierno.
Este es un rasgo de la profunda debilidad del gobierno de Rodríguez Zapatero que para hacer frente a un conflicto sindical de 2.400 trabajadores debe movilizar al ejército. La movilización militar era la condición decisiva de la provocación y estaba claramente pactada con el rey. Si se daba margen a la resistencia de los trabajadores, el gobierno caía. A poco de andar la ofensiva contra la deuda soberana de España se reanudará y el presidente volverá a trastabillar. El recambio inmediato es más de lo mismo. Si el presidente cae lo relevará su ministro del interior, Pérez Rubalcaba, que mantendrá el poder gracias a los pactos con el Partido Nacionalista Vasco que le han permitido a Rodríguez Zapatero aprobar de forma precaria la ley de presupuestos para 2011, sin la cual ya habría caído el gobierno en pleno.
En realidad, el gobierno Zapatero sigue rigiendo los destinos de los españoles porque de un lado la burguesía de conjunto pone el hombro para mantenerlo en su sitio, mientras cada cual trata de obtener las prerrogativas que necesita. Del otro porque las burocracias sindicales frenan toda iniciativa de combate y desmantelan la tendencia de hecho hacia la huelga general entre los trabajadores. Mientras, los partidos esperan que el PSOE haga el trabajo sucio y les ahorre a ellos su desprestigio.
El problema es que la economía en su conjunto seguirá deteriorándose, y con ella la crisis política española se profundizará. La cuestión central que se plantea a los trabajadores es el de su organización independiente de la burguesía y la necesidad imperiosa de abrir un curso de acción para las luchas por la defensa del empleo, el salario y las condiciones de trabajo, al margen de los compromisos de las burocracias. La batalla, sin embargo, se deberá dar dentro de los sindicatos, y no al margen de ellos. Es necesario recuperar los sindicatos para la lucha empezando por cada lugar de trabajo. En este sentido la materialización de las plataformas unitarias de corrientes clasistas son un instrumento de organización importante. Es necesario desarrollarlas, y fortalecerlas con el trabajo en los barrios organizando a los trabajadores en paro.

Carlos
Diciembre 2010