La ‘indiscutible’ monarquía burguesa y sus lacayos
Al llegar al último tramo de la legislatura arrecian no sólo las promesas, demagogias y medidas ‘sociales’ populistas, habituales y previsibles, sino también el forcejeo entre los partidos del sistema por apropiarse los símbolos del Estado (“la nación” dicen ellos), disputando por grotescas exhibiciones de logos y banderas y rivalizando por mostrar “firmeza” represiva contra el independentismo vasco, catalán y contra todo aquél que rechace la Corona o aluda despectivamente a sus miembros.
¡Cuánto ha llovido desde la formulación de la ‘España plural’ del presidente Zapatero! La declaración de Santillana que se gestó para poner al día la doctrina autonómica del PSOE, con la que se prometía superar el pasado y abrir una senda confederal para integrar de modo asimétrico todas las “periferias”.
Maragall creyó en ella, promovió el nuevo Estatut de Catalunya y así le fué: ahora dice que le obligaron a dimitir. El Estatut, incluso grotescamente recortado y tibiamente refrendado, corre ahora el peligro de ser paralizado o mutilado aún más por el Tribunal Constitucional.
Cerrado el paréntesis del supuesto ‘proceso de paz’ que, por cierto, no produjo una sola medida práctica aparte de la mera resolución del Congreso, la represión sobre la izquierda abertzale en particular y la criminalización del soberanismo vasco y catalán vuelven a centrar la política estatal, donde rivalizan PP y PSOE en españolismo a base de patrimonializar las instituciones y envolverse con la bandera. El 12 de Octubre de este año, con desfile militar y bandera yanqui incluidos, ha sido especialmente una convocatoria de exaltación monárquica. Como los otros años, es verdad, pero con un especial relieve: había de expresar el ‘desagravio’ a la realeza después del secuestro de la revista El Jueves por su famosa portada y tras el proceso judicial a las sucesivas tandas de manifestantes catalanes que manifestaron el rechazo a la Monarquía y al estado opresor quemando unos retratos.
Entre tanto, una intensa campaña mediática reclama mano dura contra Ibarretxe, vaticina la ruptura de España y hasta denuncia un 'contubernio' de Zapatero con todos los nacionalistas, incluso con Batasuna, para lograr ese objetivo. ¡Santiago y cierra España! que decían los castizos.
A esto ha llegado la reacción a los tímidos sondeos de cambio de un modelo estatal que no integra democráticamente las nacionalidades ni da satisfacción a las burguesías nacionales. El agotamiento del 'despliegue' autonómico es patente en la búsqueda de superar los límites del modelo establecido en el Pacto de la Moncloa y la propia Constitución. La descentralización de competencias ha llegado a los límites previstos en los estatutos de ‘autonomía’ que se otorgaron en las década de los años 70 y 80. El debate de su ‘aggiornamento’ no ha dado satisfacción a la burguesía nacionalista catalana y vasca pero ha destapado la caja de Pandora: salen a relucir los agravios comparativos en volumen de inversión pública y de servicios, la invasión de competencias entre administraciones e incluso la legalidad de los cambios, trasladando la disputa al propio Tribunal Constitucional.
No se trata de que se opongan ciertos residuos remanentes de la carcundia franquista sino que son los pilares fundamentales del Régimen: los límites están definidos en la propia Constitución de 1978. Y ocurre que, desde que se aprobara, con la traición de PSOE y PCE a la lucha democrática y republicana, se puso en marcha una sistemática campaña de propaganda que identifica Constitución y Monarquía española con ‘democracia’ y pretende hacerla buena por ser ‘la única posible’, refrendada y reconocida por gobiernos e instituciones imperialistas, incluso con la leyenda edulcorada del 23-F y la supuestamente extraordinaria 'actuación democrática' del Rey... De modo que una contradicción en términos (Monarquía democrática) ha de ser una figura indiscutible, como también lo es por decreto la propia ‘nación española’ (se trata de la ‘nación’ que reconocen los que se definen ‘antinacionalistas’, como se ha presentado el nuevo presidente del PP de Catalunya). Y el presidente Zapatero acaba de declarar que no existe el debate sobre la Monarquía y que la oposición es ficticia y mediática, ya que se trata de ‘doscientos radicales’ contra la opinión de 45 millones de españoles que, al parecer, están muy conformes con el régimen.
Así que, según el gobierno, ‘no pasa nada’ y sólo los ‘sectarios’ del PP pretenden erosionar al gobierno del PSOE acusándole de tibieza para con la integridad de ‘España’ y la defensa de sus símbolos, incluida la Corona. Entonces, ¿por qué se recrudece la represión sobre los militantes independentistas? Dos de ellos están acusados de ‘ultraje a la bandera’ simplemente por retirar la rojigualda del castillo de Montjuich. Penas de cárcel penden sobre ellos, como sobre los autores de la quema de fotos del Rey en Girona, que luego se ha repetido en varios lugares más de Cataluña. El Código Penal cae sobre todos los que expresan así el rechazo a la Monarquía, tipificándolo como delito: la libertad de expresión igual que las libertades políticas terminan de modo fulminante para todo aquel que no se circunscribe al marco del Régimen, es decir las instituciones heredadas del franquismo. Porque fueron mantenidas y remozadas con una simple pátina democrática para hacerlas ‘presentables’ es decir, para mejor organizar el consentimiento popular a la explotación y la opresión nacional, que es el sentido que tiene la ‘democracia’ para la burguesía española.
La trampa de la llamada ‘Transición’ consistió en aceptar unas reglas de juego restrictivas de las libertades democráticas y nacionales que vician de origen el régimen: su máxima evolución en treinta años lo constituye la muy tibia reprobación del franquismo contenido en la prevista Ley de Memoria Histórica, que no anula los juicios de la Dictadura y se limita a 'deplorar los excesos de ambos bandos' y a recomendar la retirada de algunos símbolos caducos (un mero cambio cosmético para afianzar otros, que esos sí seguirán imponiéndose: bandera, himno y corona instaurada a dedo por el propio ‘Generalísimo’).
Dentro de esa campaña de imagen y de propaganda encontramos también la nueva y ya famosa asignatura de Educación para la Ciudadanía que impartirá obligatoriamente a todos los estudiantes la doctrina oficial sobre el ‘Estado democrático’ y sus instituciones ilustrando a los jóvenes sobre sus ‘derechos’ y obligaciones para con ellas. La polémica con la Iglesia Católica es una simple anécdota, una pose que ayuda a dar apariencia progresista y laica a una asignatura que no tiene nada de progresivo y que encima será adaptada por cada Centro escolar de acuerdo con su 'ideario' particular. De modo que además de la unidad de España, la bondad de la Constitución y la ejemplaridad de la casa reinante podrán explicar la vida de los Santos (católicos) como ejemplo moral y cívico...
En números anteriores hemos tratado la evolución del Estatuto de Catalunya hasta estrellarse en el Tribunal Constitucional . Esta vez hemos de reseñar el nuevo proyecto de consulta del lehendakari Ibarretxe, a caballo entre un remedo de consulta soberana y una petición de permiso al Gobierno para celebrarlo. Pura incoherencia 'flexible' para no fracasar de entrada como la vez anterior, pero con el compromiso de marcar una fecha para el referéndum, lo que no puede cumplir sin vulnerar la ley: cualquier consulta popular, del ámbito territorial que sea requiere la aprobación de las Cortes. El presidente del PNV Josu Jon Imaz, partidario del posibilismo ramplón ya ha dimitido para no tener que gestionar el desafío y advierte contra todo lo que entorpece el desarrollo (cifrado en los negocios con el resto del Estado).
La detención de la mayoría de los componentes de la Mesa Nacional de Batasuna en varias actuaciones sucesivas de la Audiencia Nacional confirma la escalada represiva contra el movimiento nacionalista vasco: ni libertad de expresión, ni de manifestación, ni siquiera de reunión ya que el juez Garzón presupone que, ya que no hay proceso de paz, se manifiestan y reúnen en ‘apoyo al terrorismo’, sean cuáles sean los lemas políticos que propugnen y al margen del contenido de la reunión. El encarcelamiento de Otegui, Permach, etc. sigue al encausamiento de los cargos electos de Udalbiltza -la asamblea de electos municipales-, a la prohibición sistemática de actos y manifestaciones e incluso la amenaza de disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV, para no hablar de previsible ilegalización de ANV y de EHAK para ‘cuando se den las circunstancias’ a juicio del gobierno central. Esta sí es ‘democracia preventiva’, acorde con la Ley de Partidos. La represión es el argumento principal frente a reivindicaciones ‘inconvenientes’.
Pero, se equivocan los que pretenden ‘pasar página’ sin más, en nombre del tiempo transcurrido y de que estamos en otra situación política: los conflictos no resueltos procedentes de la Historia siguen ahí e informan las contradicciones sobre las que reposa el Estado español. Porque no tiene 500 años como dice Rajoy, ni siquiera tres siglos y fué impuesto por la fuerza de las armas y con una feroz represión en una guerra dinástica, la que instaló a los Borbones en el trono. La burguesía española se acomodó a ellos y a su decadente imperio en descomposición, mientras las burguesías periféricas buscaban mejor encaje en el Estado aprovechando las reivindicaciones nacionales de Catalunya, Euskadi y Galiza.
Los movimientos nacionales combinaron reivindicaciones sociales y nacionales que no encontraron cabida en el estado reaccionario, antiobrero y españolista que siempre estuvo asociado a la Corona. La primera y la segunda Repúblicas fueron períodos de ruptura, hitos en el desmontaje del Antiguo Régimen y de la reestructuración democrática del Estado. Ambos procesos fueron abortados por sendos golpes militares que restablecieron el ‘orden’ dinástico y la unidad compulsiva de España, con ocasionales y limitadas concesiones regionales o ‘autonómicas’, siempre sometidas a la autoridad central.
Por eso cuando han salido Pujol y Maragall a pedir que la nación catalana sea reconocida en la Constitución española hay que concluir que están solicitando un imposible lógico y jurídico o confundiendo conscientemente a su respectiva parroquia. Lo mismo cabe decir de Ibarretxe y su renovado Plan de consulta popular. Tratan de ser ‘simpáticos’ a unos y otros careciendo de programa para ir más allá de las posibilidades lo que está completamente agotado.
Seguimos sosteniendo que no puede haber democracia real sin la ruptura del Estado centralista y el establecimiento de relaciones democráticas entre iguales a partir de la voluntad manifestada por cada uno de los pueblos y nacionalidades, es decir a partir del derecho a la autodeterminación. Hay que precisar que la Monarquía es un obstáculo absoluto en cualquier proceso democrático, y si bien su sustitución por la República es una condición necesaria en ese camino, no garantiza la consecución de esas revindicaciones: serían precisas las repúblicas catalana, vasca, gallega... lo que daría paso a decidir entre la independencia de cada una de ellas o su incorporación a una Unión Libre de Repúblicas ibéricas. Evidentemente, la burguesía central o periférica no está por la labor y prefiere conservar el ‘estatus’ que le permite medrar en sus negocios asociados a la penetración imperialista española. De nuevo las reivindicaciones nacionales habrán de estar ligadas a las luchas sociales en tanto que ambas chocan objetivamente con el Régimen. Los trabajadores y los pueblos oprimidos habrán de recoger el guante. ¡Alto a la represión!
